Por Luis Martínez Alcántara
El exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quedó en un incómodo limbo político tras ser anunciado como el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por Claudia Sheinbaum. Aunque fue un reconocimiento de la cúpula de Morena por su apoyo electoral en 2024, su nombramiento resultó ser un mal acuerdo que nunca se concretó. Francisco Garduño sigue al frente del INM, mientras Céspedes permanece a la espera de otro puesto que lo mantenga en el círculo político de la 4T.
Fuentes federales señalan que su exclusión responde a dos razones principales. En primer lugar, su designación fue vista como un premio político negociado por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, quienes recompensaron su lealtad durante las campañas. Sin embargo, su falta de experiencia y conocimientos en temas migratorios complicaron su acceso al cargo. A diferencia de Garduño, Céspedes no tenía contacto con gobernadores, corporaciones de seguridad ni organismos clave en la gestión del fenómeno migratorio.
Además, al ser evaluado para el puesto, quedó claro que ni él ni su equipo tenían las credenciales necesarias. La crisis migratoria en las fronteras norte y sur de México, marcada por el tráfico de personas y los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, exigía un perfil mucho más preparado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, vetó su designación al no considerarlo capacitado para enfrentar el complejo panorama.
El caso de Céspedes no es único. Otros exgobernadores como Cuitláhuac García y Rutilio Escandón encontraron acomodo en posiciones estratégicas, pero la falta de pericia de Céspedes en temas migratorios cerró las puertas del INM. Aunque se ha especulado con su posible designación como cónsul en algún país, hasta el momento no hay señales de que eso se concrete, dejando en claro la debilidad de su influencia dentro del gabinete ampliado.
La exclusión de Céspedes evidencia las tensiones internas de Morena y los desafíos de asignar cargos como recompensa política. En un contexto migratorio complicado, su perfil no encajó con las necesidades del INM ni con las prioridades del gobierno federal. Ahora, su futuro político depende de la posibilidad de ser colocado en un consulado, una opción que tampoco está garantizada.
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