Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y sanciones de prisión de 40 a 70 años para este delito. La medida, presentada en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del crimen en todas las fiscalías de la República Mexicana.
De acuerdo con los planteamientos de la administración federal, la nueva legislación obligaría al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, eliminando la discrecionalidad en las primeras etapas de las averiguaciones previas. Además, la iniciativa incluye sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, buscando cerrar vacíos legales que anteriormente permitían impunidad en casos donde no se consumaba el homicidio.
Entre los involucrados en el desarrollo y presentación de esta estrategia se encuentran Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Ernestina Godoy, fiscal general de la República, e Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres. La participación de estos funcionarios subraya el enfoque interinstitucional que busca dar la reforma al sistema de justicia.
Un componente destacado de la propuesta es la creación de un registro nacional de orfandad destinado a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Este mecanismo busca garantizar el acceso a derechos y apoyos específicos para los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres, integrando una perspectiva de reparación del daño más allá del castigo penal al agresor.
La iniciativa surge en un contexto donde persisten desafíos significativos en la atención a la violencia de género en México. Al buscar unificar los estándares legales en todo el territorio nacional, el gobierno federal pretende asegurar que la gravedad del delito sea tratada con la misma severidad y protocolos, independientemente de la entidad federativa donde ocurran los hechos.
Aunque la investigación disponible no detalla la fecha exacta de envío formal al Senado ni el número de registro de la iniciativa, el avance representa un paso central en la agenda de seguridad y justicia de la actual administración. La definición de penas que van desde cuatro décadas hasta siete de privación de la libertad marca un endurecimiento en la respuesta punitiva del Estado mexicano frente a este tipo de crímenes.
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