Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU decidió solicitar que se lleve el asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, decisión que generó respuestas divergentes entre instituciones y organizaciones de derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su discrepancia con la decisión del comité y calificó como acomodaticia la narrativa del organismo, señalando que su diagnóstico es potencialmente sesgado. La CNDH afirmó que en México la desaparición forzada ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada guerra contra el narcotráfico.
La CNDH aseguró que los casos de desaparición forzada cometidos por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer. El organismo criticó que el comité atendió la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez).
En contraste, en su resolución el Comité concluyó que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad. El comité aclaró que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer estos delitos, aunque sí documentó casos con participación directa o indirecta de servidores públicos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideró que la decisión del Comité de la ONU abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado frente a la crisis de desapariciones. La CDHCM señaló que este proceso plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación para consolidar una política integral de Estado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó el rol de la CNDH en los últimos años, que sólo confirma su pérdida de autonomía y la cooptación partidista. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan respaldó la decisión del comité y afirmó que desde la guerra sucia (1965-1990), el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como un método de represión política.
Según el registro nacional, en el país existen 132 mil 846 reportes de personas desaparecidas y no localizadas. De noviembre de 2014 a agosto de 2025, en los Centros de Justicia Penal Federal han sido tramitados 153 asuntos relacionados con desaparición forzada de personas, con 357 presuntos responsables imputados, de los cuales sólo en 26 casos derivaron en sentencias.
About The Author
