Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución que limita las pensiones de extrabajadores de confianza en organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La decisión legislativa, tomada el pasado 25 de marzo en San Lázaro, establece un techo para los haberes de retiro que superan el millón 107 mil pesos, una medida que fue defendida por legisladores oficialistas como necesaria para corregir privilegios, pero cuestionada por opositores debido a su carácter retroactivo.
Durante la sesión, se registraron posturas divididas entre los grupos parlamentarios. La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, justificó la aprobación argumentando que las altas pensiones representan un privilegio corrupto obtenido mediante compadrazgos y favores políticos, más que por mérito laboral. En contraste, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió que la reforma podría afectar injustamente a personas con alta especialización y años de servicio al Estado, quienes se jubilaron bajo reglas vigentes en su momento.
El debate legislativo estuvo marcado por la tensión en el exterior del recinto. Grupos de pensionados de Pemex, CFE y de la extinta Luz y Fuerza del Centro intentaron realizar un “portazo” en las instalaciones de San Lázaro para protestar contra la iniciativa. Los manifestantes rechazaron el ajuste por considerar que viola derechos adquiridos y afecta sus ingresos de manera abrupta, aunque la investigación no detalla el número exacto de participantes ni el resultado de la votación final desglosada por partido.
La reforma tiene como objetivo principal reducir los montos de las llamadas “pensiones doradas”. Según el contexto de la discusión, el ajuste buscaría bajar estos pagos a niveles significativamente menores, aunque el texto aprobado no especifica en sus datos duros una cifra única de tope, sino que se enfoca en eliminar los excedentes millonarios actuales. También se mencionó la participación del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que en la discusión, aunque los detalles de su intervención no fueron completamente registrados en los informes disponibles.
Con esta aprobación en lo general, el dictamen avanza en el proceso legislativo para modificar el marco constitucional que rige las remuneraciones del servicio público. La medida se presenta como un mecanismo de austeridad y equidad por parte del gobierno federal, mientras enfrenta el rechazo de sectores laborales que exigen el respeto a la certeza jurídica de sus contratos de retiro firmados en administraciones pasadas.
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