Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- Múltiples estados de México enfrentaron simultáneamente diversas crisis de seguridad y conflictos sociales durante el 16 y 17 de marzo, con incidentes que incluyeron protestas estudiantiles en Morelos, ataques armados en Michoacán, operativos masivos en Coahuila y corrupción policial en Yucatán. La situación más crítica se registró en comunidades de Oaxaca, donde civiles armados mantienen en zozobra a más de 250 habitantes de Guerrero Grande, Mixteca, ante la ausencia de fuerzas estatales y federales.
En el estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) vivió tensiones luego de que su rectora, Viridiana Aydeé León Hernández, convocara al diálogo para resolver las protestas estudiantiles, mientras circulaba simultáneamente un video que criminalizaba las manifestaciones. La autoridad universitaria anunció que el martes siguiente se realizarían mesas de trabajo para abordar las demandas.
Michoacán registró un ataque armado contra la jefatura de tenencia en Tangamandapio, donde una persona perdió la vida. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió cero impunidad en el caso de Bernardo Bravo, presionado por el interés de organismos internacionales como la ONU, aunque no se especificó si esta postura respondía a falta de avances previos en la investigación.
Coahuila ejecutó un operativo de seguridad que resultó en la detención de más de 100 personas, según informó la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, en Yucatán, cuatro policías fueron detenidos por su presunta vinculación con grupos criminales, aunque no se especificó la relación concreta con la delincuencia organizada.
Chiapas y Veracruz también reportaron detenciones relacionadas con seguridad. La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas confirmó la aprehensión de cuatro personas, mientras en Veracruz se registró un detenido. En ambos casos, las autoridades vincularon los arrestos con actividades de grupos delictivos, incluido el Cártel Chiapas y Guatemala.
La situación en la comunidad mixteca de Guerrero Grande, Oaxaca, evidenció la crisis de seguridad en zonas indígenas. Eustaquia Sandoval Galindo, agente municipal, alertó sobre la presencia de civiles armados que generan violencia, mientras los habitantes exigen mayor presencia policial estatal y federal para garantizar su seguridad.
Este conjunto de incidentes refleja la compleja situación de seguridad que prevalece en diversas regiones de México, donde la violencia criminal, la protesta social y los desafíos institucionales coexisten en un escenario de multiplicidad de crisis que demandan atención inmediata y coordinada entre los tres niveles de gobierno.
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