Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud, en un caso que se entrelaza con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión judicial fue emitida el 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde la funcionaria de 73 años de edad quedó sujeta a un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), además de los cargos por los que fue vinculada inicialmente, se mantiene una línea de investigación por la presunta implicación de Estrada en el caso Ayotzinapa. Las autoridades señalan que la exfuncionaria habría desaparecido material clave para el esclarecimiento de los hechos, específicamente los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fechas inmediatas a la desaparición de los estudiantes.
Como consecuencia de la vinculación a proceso, Blanca María del Rocío Estrada fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar se aplica mientras la autoridad judicial determina los siguientes pasos del procedimiento legal, el cual incluye la indagatoria sobre el ocultamiento o destrucción de las grabaciones que podrían haber documentado movimientos relevantes durante la noche de los hechos en Iguala.
La FGR no ha detallado públicamente el número exacto ni el tipo de cartuchos y medicamentos controlados que motivaron los cargos iniciales, ni ha proporcionado información sobre la orden de cateo que derivó en estos hallazgos. Asimismo, se mantienen como datos faltantes el nombre específico de la jueza que emitió la resolución y las declaraciones de la defensa de la exsubprocuradora respecto a las acusaciones.
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto de reactivación de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, donde la preservación de evidencias digitales y físicas ha sido un punto crítico. La desaparición de los videos del Palacio de Justicia de Iguala representa un obstáculo documentado para la reconstrucción de la cronología de aquella noche, lo que añade gravedad a las imputaciones contra la exfuncionaria guerrerense.
Con la vinculación a proceso formalizada, el sistema de justicia mexicano enfrenta ahora el reto de esclarecer tanto los delitos contra la salud y posesión de munición como la responsabilidad en la alteración de pruebas fundamentales para uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos del país en la última década.
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