Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tras una audiencia celebrada entre el 23 y 24 de marzo en la que se analizaron los elementos del caso Next Energy. La decisión judicial, emitida por el magistrado Gerardo Anguiano Ceja, establece que existen indicios suficientes para investigar al exmandatario por su participación en un contrato por 4,500 millones de pesos destinado a la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que finalmente no se llevó a cabo.
La Fiscalía General del Estado de Baja California investiga el acuerdo plurianual a 30 años, el cual contemplaba un pago mensual aproximado de 123 millones de pesos. Según los datos de la investigación, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la entrega del gobierno por parte de Bonilla en octubre de 2021. El contrato tenía como objetivo dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trataba de un contrato para la adquisición de un servicio y no de un crédito fiscal. Asimismo, los defensores señalaron que los pagos se efectuaron cuando el exgobernador ya no tenía la administración del estado, buscando con ello desvincularlo de una acusación por abuso de autoridad durante su mandato.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador, quien actualmente funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena. Este caso marca un precedente al ser Bonilla el primer exgobernador surgido de la coalición morenista que enfrenta una acusación abierta de corrupción ante la justicia local.
La investigación tendrá un plazo de seis meses para recabar más pruebas y determinar la responsabilidad penal del exfuncionario. Mientras tanto, la vinculación a proceso implica que Bonilla deberá enfrentar las siguientes etapas del procedimiento penal, sin que se haya especificado en las fuentes consultadas si el exmandatario se encuentra detenido o en libertad durante este proceso.
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