La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. La dependencia estatal señaló a la funcionaria como presunta operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera realizadas por la autoridad, se detectaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano de transferencias y pagos electrónicos. Estas transacciones, que se presume fueron ejecutadas por integrantes de una red de corrupción, tienen su origen en cuentas bancarias del INVI y suman un monto total de 54 millones 876 mil 222 pesos.
En lo específico contra Villarreal González, la fiscalía le imputa haber dispuesto de 762,000 pesos para uso personal. Junto a ella, también fue llamado a cuentas por el mismo delito Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Por otro lado, ya se encuentran detenidos Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio del exfuncionario, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano de Javier.
Información periodística revela contradicciones sobre la tipificación de los delitos. Una fuente de la Contraloría Estatal indicó que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado y no por operaciones con recursos ilícitos, señalando que este último delito podría ser desechado. Mientras tanto, documentos consultados sugieren que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI el 2 de octubre de 2023, también estuvo relacionado con el desfalco al haber autorizado transferencias mientras la cuenta se vaciaba.
El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, ampliando el alcance de la red de corrupción que ha afectado al organismo de vivienda estatal. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales respecto a la defensa legal de los involucrados ni sobre el deslinde de las figuras políticas mencionadas en las imputaciones.
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