Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio calificado de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia. La resolución fue emitida el 6 de abril por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla. Según lo establecido en la investigación, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando un convoy de tres vehículos del Ejército, que circulaba en el carril opuesto, abrió fuego en contra del vehículo civil. Fuentes consultadas indican que los uniformados dispararon en más de cien ocasiones, provocando la muerte en el acto de las dos menores.
Agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, calificando el incidente como una “actuación dolosa”. El organismo defensor señaló que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal” al accionar sus armas contra la camioneta.
En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente. Sin embargo, la familia de las niñas ha denunciado desde entonces “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, referido como uno de los más peligrosos del país debido a la disputa entre carteles de la droga.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 imputados. Paralelamente a este proceso federal, la jurisdicción militar abrió una investigación propia sobre los mismos hechos. Ante la vinculación a proceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó que “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses”, advirtiendo que en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares “la constante es la impunidad”.
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