Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con la construcción acelerada de un muro negro en la frontera con México y operativos en ciudades del interior, en medio de críticas tras la muerte de un solicitante de asilo bajo custodia federal y el retiro de un alto funcionario fronterizo. El gobierno estadounidense ha destinado aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares para reforzar la frontera, con un proyecto de 230 millas (370 kilómetros) de barrera, incluyendo un tramo de 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas acciones ocurren mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga la muerte de Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, tras comenzar con dificultad respiratoria la noche de su detención.
La muerte de Paktiawal, cuya causa oficial aún no se ha determinado, ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria. En el mismo estado de Minnesota, se registraron las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, durante protestas o incidentes relacionados con operativos migratorios, aunque las circunstancias específicas no han sido aclaradas por las autoridades.
En paralelo, se confirmó el retiro de Gregory M. Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza, aunque no se especificó si su salida fue voluntaria o forzada. Su partida se da en un contexto de presión para acelerar la construcción de la barrera fronteriza, un pilar central de la agenda de Trump. El proyecto, que ha movilizado al Comando Norte y Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, busca completar cientos de kilómetros de muro, priorizando áreas urbanas como la de El Paso-Ciudad Juárez.
En audiencias congresionales, el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó al comentar sobre una posible decisión de Trump de desplegar militares durante procesos electorales, mientras que altos generales, incluidos Gregory M. Guillot y Francis L. Donovan, afirmaron que no acatarían una orden ilegal, revelando tensiones en la cadena de mando. Estas declaraciones surgen en un clima político polarizado, donde la política migratoria es un eje de disputa.
Las medidas han generado rechazo entre defensores de migrantes y algunos sectores políticos, que las califican de excesivas y violatorias de derechos humanos. Se estima que cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, una comunidad que observa con preocupación el endurecimiento de las políticas. El gobierno de Trump mantiene que su estrategia es necesaria para la seguridad nacional, aunque las consecuencias humanitarias y las muertes bajo custodia continúan ensombreciendo su implementación.
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