Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp constituyen comunicaciones privadas inviolables y carecen de eficacia probatoria cuando se presentan sin el consentimiento de las partes involucradas. La resolución revoca una sentencia anterior y establece criterios reforzados para la validez de pruebas digitales en procedimientos sancionadores.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, autor del proyecto de resolución, estableció que el uso de comunicaciones privadas en un procedimiento debe pasar por un estándar reforzado de voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Esto significa que las pruebas digitales deben ser aportadas voluntariamente por una de las partes de la controversia y garantizar que no han sido manipuladas ni obtenidas ilegalmente.
El caso específico que motivó esta resolución involucró una denuncia de violencia política en razón de género contra la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete Sánchez. La denuncia estaba basada en capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp entre María Emma Zermeño López, una ciudadana, y un amigo de ésta.
Existe una contradicción notable en los criterios del tribunal. La Sala Regional había considerado lícitas las pruebas bajo el argumento de que un interlocutor las aportó voluntariamente ante notario. Sin embargo, la Sala Superior rechazó este criterio y revocó la sentencia, marcando un precedente relevante en el sistema judicial mexicano para casos que involucren comunicaciones electrónicas.
Esta decisión sienta un precedente importante que podría afectar múltiples casos similares en el sistema de justicia electoral. Los criterios clave establecidos para la validez de pruebas digitales incluyen la voluntariedad en la aportación, la trazabilidad del origen de la información y la autenticidad del contenido presentado.
La resolución del TEPJF tiene implicaciones significativas para futuros procedimientos de violencia política por razón de género, donde frecuentemente se utilizan capturas de redes sociales y aplicaciones de mensajería como elemento probatorio. Los expertos jurídicos señalan que esto elevará el estándar de prueba requerido en estos casos.
El tribunal electoral mantiene con esta resolución su posición de proteger la privacidad de las comunicaciones electrónicas, alineándose con principios constitucionales de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto representa un cambio importante en la jurisprudencia electoral mexicana respecto al tratamiento de evidencia digital.
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