Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades de México representan el 50.7% del territorio, con 3,266 núcleos agrarios, pero solo el 48% tiene actualizados sus órganos de representación.
La falta de órganos de representación actualizados impide a los ejidos hacer trámites, pedir apoyos a dependencias federales para explotar sus bosques, abrir una cuenta bancaria o sacar su registro federal de contribuyentes.
De las 8,764 solicitudes de depuración de padrones recibidas por el Registro Agrario Nacional, 27% del total de núcleos agrarios del país, solo 1,589 se han actualizado, es decir, 4.9%.
Respecto a la normatividad interna, solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado el reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría está mal hecho. En contraste, el 64% de los ejidatarios tiene actualizada su lista de herederos.
La Ley Agraria fue promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La Ley Agraria de 1992 permitió la privatización de la tierra, dando certificados de dominio pleno a los ejidatarios, lo que también les permitió venderla o rentarla.
Los ejidatarios pudieron rentar sus ejidos a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono.
Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó el escenario como “preocupante” y afirmó que “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y poner candados a los elementos jurídicos que dieron pie a los hurtos.
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