Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional denominada ‘Plan B’ electoral, que modifica la revocación de mandato y ajusta la integración de gobiernos municipales. La propuesta, presentada formalmente el 17 de marzo, busca reducir costos al coincidir la consulta de revocación con elecciones federales y limitar el número de regidores por municipio, aunque ha generado críticas por presuntas omisiones y ventajas políticas para el partido en el poder.
La iniciativa plantea que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice el primer domingo de junio del tercer año del mandato, coincidiendo con las elecciones federales intermedias. Según la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, esto generará un ahorro significativo al evitar la organización de un proceso electoral separado. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la propuesta como un fortalecimiento del mecanismo de participación ciudadana.
En materia municipal, la reforma establece que el número de regidores por ayuntamiento oscilará entre 7 y 15, dependiendo del tamaño de la población, y fija un límite de gasto para los congresos estatales equivalente al 0.7% del presupuesto de la entidad. No obstante, la versión inicial omitió la palabra ‘paritario’ respecto a la integración de los cabildos, lo que generó críticas sobre un posible retroceso en la paridad de género. La Presidencia de la República corrigió el texto, señalando que se trató de una omisión sin intención de eliminar la disposición.
Críticos como Elías Lixa han señalado que, en estados como Yucatán, la reducción de regidores en ciudades como Mérida se compensaría con un aumento en 221 cargos en el interior, contradiciendo el discurso oficial de austeridad. La oposición política y analistas ven en la modificación de la revocación de mandato una herramienta para permitir el proselitismo presidencial y dar ventaja electoral a Morena, al coincidir con un proceso donde la jefa del Ejecutivo podría hacer campaña a favor.
El contexto de esta iniciativa es el rechazo previo de una reforma electoral más profunda, conocida como ‘Plan A’. La revocación de mandato fue incorporada a la Constitución en 2019 y se ejerció por primera vez en 2022 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón) y 15.159 millones (91.8%) votaron por su permanencia. La coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y del PT para su aprobación en el Congreso, donde se requiere una mayoría calificada.
La propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre el costo de la democracia y los privilegios de la clase política. Mientras el gobierno argumenta que busca eficientar recursos y dar mayor poder a la ciudadanía, la oposición insiste en que se trata de un intento por consolidar el control político y utilizar las instituciones electorales en beneficio del partido en el poder. El proceso legislativo para esta reforma constitucional comenzará en las comisiones del Senado en los próximos días.
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