Por Redacción
Ciudad de Mexico, 25 de agosto de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, opinó que los 10 funcionarios bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) deberían solicitar licencia, aunque destacó que la decisión final corresponde a cada individuo. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el posible regreso del senador morenista Enrique Insunza, señalado por autoridades estadounidenses por supuestos nexos con el crimen organizado.
“Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa —Rubén Rocha Moya— hoy con licencia; considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía”, afirmó Sheinbaum. La presidenta enfatizó que “cada quien tiene que hacer también una decisión… pero cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones” frente a la ciudadanía.
El lunes 24 de agosto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decidió regresar a su cargo, pero al día siguiente volvió a pedir licencia ante la presión mediática y política. Sobre este episodio, Sheinbaum expresó que no estuvo de acuerdo con la decisión inicial de Rocha Moya y le pareció “imprudente”. “No estoy de acuerdo con lo que hizo, ya lo manifesté. Me pareció imprudente, porque no es un asunto personal, es un asunto del gobierno de Sinaloa”, dijo la jefa del Ejecutivo.
La presidenta aclaró que primero debe realizarse una investigación por parte de la FGR y subrayó que, cuando exista una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detención y extradición, “tiene que haber pruebas”. Explicó que no se puede responder a una investigación extranjera sin sustento legal: “Si hay una decisión del Departamento de Justicia de hacerlo y no presenta pruebas, pues entonces no tiene el sustento penal, tendría otras motivaciones”.
Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró la soberanía de las instituciones mexicanas en estos procesos. “En este caso y en cualquiera de los casos, aquí decidimos las y los mexicanos, nadie decide por México, ningún gobierno extranjero debe decidir por lo que definen las y los mexicanos y nuestras propias instituciones”, concluyó.
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