Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el envío al Congreso de un Plan B de reforma electoral que prioriza recortes presupuestales en congresos locales y reducción de regidores, con un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos que serían etiquetados para obra pública en municipios y estados. La iniciativa, que será remitida este martes 17 de marzo, surge tras el rechazo el pasado 11 de marzo de una propuesta más amplia que incluía cambios al Instituto Nacional Electoral y reducción de financiamiento a partidos políticos.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el nuevo acuerdo con sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista se centra en “reorientar el presupuesto de congresos locales, el Senado y reducir regidores” para que los recursos “se queden en municipios y estados” destinados a infraestructura. La mandataria reconoció que este plan no incluye la disminución de ingresos a partidos políticos, objetivo que mantendrá en futuras negociaciones.
El anuncio se produce luego de que la semana pasada fracasara el llamado Plan A de reforma electoral, que según análisis periodísticos incluía reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. Fuentes editoriales sugieren que PT y PVEM rechazaron esa iniciativa por temor a un partido hegemónico y a perder su registro, lo que obligó al gobierno a buscar una propuesta más acotada.
Las cifras reveladas muestran la disparidad en costos por legislador: en Baja California el gasto por diputado local asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones. Sheinbaum enfatizó que los ahorros generados por la reducción de estos cargos serán específicamente destinados a obras de beneficio comunitario, aunque no precisó el mecanismo legal para garantizar este etiquetamiento.
Analistas políticos han caracterizado la medida como una “carga de austeridad” para estados y municipios que podría vulnerar el federalismo, al tiempo que salva instituciones federales como el INE y el Tribunal Electoral. La propuesta llega en un contexto donde la oposición ha criticado lo que considera intentos de concentración de poder, mientras el oficialismo argumenta la necesidad de optimizar recursos públicos.
El proceso legislativo que enfrentará el Plan B requerirá mayorías simples en ambas cámaras, a diferencia de la reforma constitucional rechazada que necesitaba dos terceras partes. Sin embargo, se desconoce la postura detallada de los partidos de oposición y si existirán resistencias en congresos locales afectados por los recortes propuestos.
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