Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026, con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional del país. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital mexicana que busca alinear la práctica judicial con los estándares internacionales de derechos humanos.
De manera paralela, en el Senado de la República, la legisladora Malú Micher impulsó un llamado para armonizar las leyes de género en todos los estados de la federación, buscando eliminar las discrepancias legislativas que afectan la protección de las mujeres en diferentes territorios. Estas acciones institucionales ocurren en un contexto donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos reporta la integración de más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, según información de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo que teóricamente facilitaría el acceso a la información pública.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento crítico. Dichos grupos exigen que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no permanezcan como declaraciones simbólicas, demandando la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que aún no ha sido especificada en su contenido o estatus legislativo por las autoridades.
La contradicción entre el discurso institucional de avance en derechos humanos y la práctica judicial quedó evidenciada con el caso de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo. Reportes indican que la magistrada otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, quien enfrenta acusaciones por fraudes, así como a José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández. Esta decisión ha sido señalada como cuestionable, sugiriendo una posible desconexión entre los objetivos de justicia proclamados por la SCJN y las resoluciones concretas en casos de alto perfil.
A pesar de los anuncios de colaboración entre la SCJN y el Conapred, la investigación no detalla los mecanismos concretos que se implementarán para garantizar la igualdad sustantiva en las sentencias, ni se han establecido plazos específicos para el seguimiento de la armonización legislativa en los estados. Asimismo, no se ha registrado una reacción oficial del Poder Judicial frente a las críticas surgidas por el amparo concedido al empresario acusado de fraudes.
El panorama actual presenta un escenario mixto donde coexisten esfuerzos oficiales por modernizar el marco jurídico de no discriminación y datos abiertos, junto con demandas sociales urgentes por la efectividad de los derechos indígenas y casos judiciales que generan dudas sobre la imparcialidad del sistema. La efectividad de estos nuevos convenios y la respuesta ante las exigencias de la sociedad civil definirán el rumbo de la justicia en los próximos meses.
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