Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó normativas estatales en Durango y Nayarit que establecían sesiones privadas como regla general para los tribunales de justicia y mecanismos de evaluación de candidaturas contrarios al modelo federal. La resolución se dio mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las reformas aprobadas por los congresos de ambos estados.
En el caso de Durango, el Pleno de la Corte determinó que la norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia violaba principios de transparencia y publicidad. La decisión obliga al estado a modificar su legislación para garantizar que las sesiones sean públicas, salvo excepciones justificadas.
Respecto a Nayarit, la SCJN invalidó el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único, por contravenir el modelo federal establecido para la selección de aspirantes a cargos judiciales. El tribunal constitucional consideró que este sistema no se ajustaba a los parámetros nacionales de evaluación y selección.
Además, en la resolución sobre Nayarit se reconoció una omisión del Congreso estatal al no incorporar en su legislación los principios de insaculación y paridad de género en el proceso de selección de candidatos judiciales. Esta determinación establece que el estado deberá adecuar su marco normativo para cumplir con estos requisitos constitucionales.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por diversos actores, incluyendo el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes cuestionaron la validez de las reformas aprobadas por los congresos de Durango y Nayarit. La SCJN acumuló los casos para su resolución conjunta.
La decisión de la Corte sienta un precedente sobre la obligación de los estados de alinear sus normativas locales con los principios federales de transparencia judicial y selección de candidatos. Las resoluciones obligan a las legislaturas estatales a modificar sus marcos normativos en un plazo determinado.
Con esta determinación, la SCJN reafirma su papel como guardián de la constitucionalidad de las leyes estatales y establece criterios vinculantes para que otros estados no repliquen normas similares que contravengan el modelo federal de justicia y transparencia.
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