junio 21, 2026

Hermosillo, 21 de junio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia en la que determinó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el caso de la Guardería ABC, fallo que permite la continuación del proceso penal contra dos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La decisión fue aprobada por unanimidad por el pleno de la SCJN al resolver un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, quien se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS entre 2006 y 2009. Salazar Salazar fue detenido en 2020 y vinculado a proceso bajo la acusación de homicidio y lesiones culposos por omisión.

El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Loretta Ortiz, concluyó que el incendio y la omisión del Estado en su deber de cuidado constituyeron graves violaciones a los derechos de la infancia, por lo que la acción penal derivada de esos hechos no puede extinguirse por el paso del tiempo. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, donde murieron 49 niñas y niños y decenas más resultaron lesionados.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que “la decisión adoptada por la SCJN implica la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, contra los dos funcionarios del IMSS, quienes fueron llevados a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposos, en la modalidad de comisión por omisión”.

En su momento, el juicio de amparo indirecto se promovió al considerarse “que la acción penal estaba prescrita y que no era aplicable el artículo 106, párrafo último de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, argumentando que los únicos delitos contra la niñez con regla especial de prescripción son los del artículo 107 bis del Código Penal Federal, que no incluyen homicidio ni lesiones culposos.

Tras el fallo, la FGR señaló que este “refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas y los niños involucrados”. La SCJN determinó específicamente que son imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios de Sonora, del IMSS y directivos de la Guardería ABC.

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