Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute en su pleno un proyecto para definir si las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o en el salario mínimo, un debate crucial que busca unificar criterios tras resoluciones contradictorias entre sus salas. El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y programado por tercera ocasión, busca resolver una denuncia sobre contradicción de tesis entre la Primera y la Segunda Sala, lo que actualmente genera incertidumbre judicial y afecta el monto que reciben los familiares de las víctimas.
El debate judicial surge porque, en marzo de 2024, la Primera Sala resolvió que la indemnización por lucro cesante (pérdida de ingresos futuros) puede calcularse con base en salarios mínimos, argumentando que esto compensa de manera más justa a las familias. Sin embargo, en julio del mismo año, la Segunda Sala determinó en el caso 363/2024 que es constitucional usar la UMA para dicho cálculo, un criterio que generalmente resulta en montos menores para los demandantes.
La diferencia económica es significativa. Para 2026, el salario mínimo diario es de 315.04 pesos, mientras que la UMA diaria tiene un valor de 117.31 pesos. Utilizar una u otra referencia altera sustancialmente el monto final de la indemnización que un juez puede ordenar pagar al responsable del deceso.
El caso que llega al pleno deriva de un recurso presentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el cual identificó la posible contradicción entre los criterios de las extintas salas de la Corte y solicitó su resolución para generar certeza jurídica en todos los juzgados del país.
La discusión en el máximo tribunal tiene implicaciones profundas para el derecho civil y la reparación del daño. Una decisión a favor del salario mínimo representaría un mayor reconocimiento económico al valor de la vida y la capacidad productiva perdida, beneficiando a los deudos. En cambio, ratificar el uso de la UMA consolidaría un parámetro de cálculo más estable y predecible, aunque menos actualizado según la inflación real que enfrentan las familias.
La resolución del pleno de la SCJN, que aún se desconoce, establecerá un precedente obligatorio para todos los tribunales federales y locales, poniendo fin a la actual disparidad de criterios que depende de qué sala o tribunal conozca del caso. La decisión final marcará un hito en la interpretación de las leyes civiles de responsabilidad y en la forma en que el Estado mexicano cuantifica judicialmente la pérdida de una vida humana.
About The Author
