Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, advirtió que el número de fábricas de cerdos en México ha aumentado de manera descontrolada y exponencial durante la última década. Durante su segunda visita oficial al país, el funcionario internacional señaló que el uso del término “granjas porcícolas” funciona como un eufemismo para describir lo que en realidad son instalaciones industriales masivas con alto impacto ambiental.
La advertencia se emitió tras concluir el recorrido que Orellana realizó del 9 al 20 de marzo de 2026 por territorio nacional, donde verificó las condiciones de estas operaciones. Según lo expuesto por el relator, existen casos documentados de granjas que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades que apenas cuentan con una población de 1,500 habitantes, lo que genera una presión significativa sobre los recursos locales y la salud de los residentes.
En un comunicado conjunto, la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) confirmaron que la visita tuvo como objetivo revisar los avances en materia de protección ambiental en el país. Durante su estancia, el relator sostuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal y se reunió con autoridades de los tres Poderes de la Unión para analizar la regulación vigente y sus efectos en las zonas afectadas.
El itinerario de la comisión incluyó visitas a los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, regiones donde se concentra parte importante de esta actividad productiva. En la capital, el equipo del relator fue recibido por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, así como por Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental, quienes participaron en las mesas de trabajo sobre la gestión de desechos y emisiones.
Aunque no se proporcionaron cifras exactas sobre el total de fábricas de animales existentes en el territorio nacional ni se detallaron los nombres de las empresas operadoras, la documentación recabada servirá de base para un informe final que será publicado en el segundo semestre del año. Este documento tendrá repercusiones internacionales, dado que el mandato del relator, establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023, tiene la facultad de emitir recomendaciones vinculantes ante organismos globales.