Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada, y señaló que los más de 132 mil casos de desaparecidos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
El gobierno federal y dirigentes de Morena han cuestionado la metodología del documento. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y argumentó que el análisis se basa indebidamente en datos de 2009 a 2017 de solo cuatro entidades, sin tomar en cuenta las acciones realizadas a partir de 2018. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
En contraste con la postura gubernamental, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y no se limita a un periodo cerrado. El organismo subrayó que su evaluación incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025, y sitúa el número de personas desaparecidas registradas en más de 132,400 al 19 de febrero de 2026. El informe describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias.
Uno de los puntos nodales del reporte es la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos. En 2025, el 37% del total de las fosas reportadas se concentraban en Sonora, Veracruz y Tamaulipas.
Ante las discrepancias en las cifras, el Gobierno de Sheinbaum presentó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. Alcalde explicó que de los 132,534 casos, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos permitidos desde 2017, y que se ha confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida. Sin embargo, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, asegurando que “no pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
La reacción de la sociedad civil fue de respaldo al organismo internacional. Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, y sostuvo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. Por otro lado, la diputada Laura Ballesteros exigió la renuncia de Rosario Piedra al frente de la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado, y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra.
La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité, haciendo un llamado a no descalificar la decisión del organismo y a aceptar la ayuda internacional. Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad, diciendo que es “otra cosa” definida por la ONU, y reiteró su rechazo a que el caso de México sea llevado ante la Asamblea General.
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