Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han conducido a la funeraria ‘El Ángel’, ubicada en Iguala, la cual había sido investigada y posteriormente desechada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Bajo un nuevo esquema de trabajo, las autoridades han retomado las indagatorias sobre este establecimiento, lo que derivó en la detención de sus dueños.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se está realizando un análisis telefónico muy riguroso que ha permitido identificar operaciones irregulares vinculadas al caso. Aunque la funeraria fue objeto de atención en etapas anteriores, la actual administración federal considera que existen elementos suficientes para reabrir esta vertiente bajo la dirección del fiscal del caso, Mauricio Pasarán.
En relación con los avances, Sheinbaum mencionó que ya instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, para que se reúna con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos con el fin de explicarles los detalles del caso antes de hacerlos públicos. No obstante, la mandataria prefirió que sea la Fiscalía la instancia que brinde la información específica para no interferir en el proceso legal en curso.
Esta reactivación marca una divergencia con las conclusiones previas del GIEI, que en su momento había descartado la relevancia de la funeraria en la dinámica de los hechos ocurridos en 2014. Las nuevas autoridades sostienen que el cambio de estrategia y la profundidad de los actuales análisis técnicos han arrojado resultados que justifican la acción penal contra los propietarios del inmueble.
El caso de los 43 normalistas, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, continúa siendo uno de los temas de mayor sensibilidad social y política en México. La detención de los dueños de la funeraria ‘El Ángel’ representa un desarrollo significativo en la búsqueda de verdad y justicia que exigen las familias de las víctimas, en medio de un proceso investigativo que busca consolidar evidencias concretas bajo la nueva gestión fiscal.
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