Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- Kenia López Rabadán, diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que el denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral podría discutirse en el pleno legislativo el próximo miércoles 8 de abril. La funcionaria detalló que, tras su revisión en el Senado, la iniciativa pasará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, las cuales tendrán tentativamente del 3 al 7 de abril para realizar el análisis correspondiente.
De acuerdo con lo expuesto por López Rabadán durante una conferencia de prensa, si el dictamen se resuelve en comisiones el día 7, la discusión en el pleno está programada para el 8 de abril; sin embargo, advirtió que de no cumplirse este cronograma, los trabajos podrían extenderse hasta el jueves. La legisladora aclaró un punto técnico respecto al documento proveniente de la cámara de origen: aunque el título del dictamen del Senado menciona la revocación de mandato, esto constituye un error, toda vez que el artículo 35 constitucional relacionado con dicha figura fue desechado desde esa instancia.
La tramitación de esta reforma ocurre en un contexto de plazos ajustados para el Congreso de la Unión. Según el artículo segundo transitorio de la reforma electoral, ya aprobada en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados, el legislativo cuenta con un plazo límite hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar los marcos jurídicos de leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El período ordinario de sesiones del Congreso concluye el 30 de abril de 2026.
En medio de la discusión legislativa, surgieron posturas divergentes entre los actores políticos. Miguel Ángel Riquelme, senador del PRI, criticó la iniciativa calificándola como una propuesta fallida desde su origen y una aberración en técnica legislativa. El exgobernador de Coahuila argumentó que la reforma invade la autonomía de los municipios y la esfera de las entidades federativas, además de intentar controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los órganos electorales locales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la parte más importante de su iniciativa, referente a la reducción de privilegios, fue aprobada, mientras que la materia de revocación de mandato no obtuvo la mayoría de votos necesarios.
Respecto a la postura del organismo electoral, los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz se deslindaron de un documento con observaciones técnicas que circuló sobre la reforma. Ambos funcionarios aclararon en entrevista que dicho contenido no fue producto de una deliberación formal del Consejo General del INE, por lo que el instituto no ha emitido una postura colegiada. Rivera enfatizó que ignoran el contenido de esas propuestas porque no fueron tratadas institucionalmente, precisando que cualquier sugerencia técnica correspondería únicamente a la opinión de las áreas que las formularon y no a la institución en su conjunto.
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