Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Clara Brugada Molina presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas con el objetivo de combatir la gentrificación y el desplazamiento de habitantes en la capital. La mandataria local señaló que “la Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda” y destacó que “el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025”.
De acuerdo con la propuesta, los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. Brugada Molina enfatizó que en algunas zonas el costo de los alquileres aumentó más del 30 por ciento en años recientes, por lo que la iniciativa busca “establecer un límite constitucional al crecimiento de los alquileres”. Se estima que dos millones de personas habitan en inmuebles rentados en la Ciudad de México.
La reforma incluye la obligación para el Gobierno de articular una política integral que incremente la oferta de vivienda social y asequible, con enfoque prioritario en poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria. Juan Pablo de Botton Falcón indicó que “dos de cada tres jóvenes viven en viviendas rentadas y solo uno de cada diez cuenta con vivienda propia”.
Además, se propone la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones inquilinarias, así como el reconocimiento del derecho al arraigo vecinal y comunitario. Según informes de la iniciativa, las medidas “pretenden equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios”.
La discusión formal de la iniciativa en el Pleno se realizaría a partir del próximo periodo de sesiones en septiembre. Brugada Molina mencionó que espera que el debate “se realice a partir del próximo periodo de sesiones en el mes de septiembre”.
Previamente, el Gobierno de la Ciudad de México atendió a colectivos que exigían vivienda digna tras protestas en el Zócalo Ciudadano, donde integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo y del Campamento Camarada Celestino protagonizaron un enfrentamiento con elementos de seguridad que resultó en saldo blanco. Como resultado, se propuso la realización de dos encuentros de trabajo en las instalaciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad (INVI) y en el Edificio de Gobierno.
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