Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El llamado Plan B de reforma electoral generó divisiones entre los partidos políticos durante su discusión en el Senado, donde el PAN calificó la iniciativa de “farsa” mientras el Partido del Trabajo anunció su respaldo con reservas sobre la fecha de la revocación de mandato. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye recortes presupuestales progresivos del 15% al Instituto Nacional Electoral y un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó que la iniciativa no aborda problemas fundamentales como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Hay torpezas vulgares como eliminar la paridad en los Ayuntamientos”, señaló el legislador, quien advirtió que el proceso de revocación podría convertirse en un instrumento de promoción política.
Por su parte, Benjamín Robles de la dirigencia nacional del PT confirmó que su partido respaldará el Plan B, pero expresó reservas sobre la fecha planteada para la revocación de mandato. “Preferimos que sea en 2028, no en 2027, para evitar riesgos a la equidad”, manifestó Robles, quien cuestionó que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía.
La posición del PT mostró divergencias internas, ya que la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor del paquete legislativo “a pesar de las reservas expresadas por otros miembros de su partido”. Mientras tanto, Alejandro González Yáñez indicó que la bancada sigue evaluando los detalles de la iniciativa.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que realizar una reforma de fondo. Calificó como “retroceso democrático” la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y advirtió sobre daños a la equidad electoral.
El INE, por su parte, defiende su autonomía presupuestal y sus altos salarios, señalando que los choques por este tema vienen desde 2018. La iniciativa afectaría a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, además de impactar a unos 18,000 trabajadores del organismo electoral.
El debate se enmarca en una nueva etapa de tensiones entre el poder Ejecutivo y el organismo electoral, luego de que la revocación de mandato de 2022 fuera criticada por varios sectores como un instrumento de promoción política. Morena, a través del senador Óscar Cantón, ha señalado que están abiertos a realizar ajustes a la propuesta durante su discusión en el Senado.
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