Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un decálogo de ajustes a la reforma judicial para garantizar su viabilidad, en medio de un debate nacional sobre el funcionamiento y costo de los organismos autónomos. En paralelo, un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, mientras que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió la independencia de su institución frente a lo que calificó como controversias políticas.
La ministra Esquivel Mossa señaló la necesidad de realizar ajustes específicos a la propuesta de reforma judicial para asegurar que su implementación sea efectiva y no genere incertidumbre. Aunque no detalló los puntos concretos de su decálogo, su intervención se da en un contexto de intensa discusión sobre la transformación del Poder Judicial.
Por otro lado, el análisis presupuestal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas mostró que para el año 2026, el 39.3% del presupuesto del INE está destinado al financiamiento público de los partidos políticos. Además, el estudio identificó que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de los recursos autorizados para el organismo electoral este año, lo que pone en evidencia la estructura de su erogación.
En un frente distinto, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, emitió un comunicado defendiendo la autonomía y la labor de su tribunal. Bátiz García afirmó que el TEPJF ha trabajado para promover mecanismos alternativos de solución de controversias, buscando descongestionar la carga de trabajo y ofrecer respuestas más ágiles, aunque no especificó casos concretos donde se hayan aplicado estos mecanismos.
Estas declaraciones y datos surgen en un mismo día, reflejando una agenda pública cruzada por la evaluación del desempeño, el costo y la posible reforma de instituciones clave del Estado mexicano. La coincidencia de los temas subraya la presión política y social que enfrentan tanto el Poder Judicial como los organismos autónomos electorales, en un periodo marcado por debates sobre la eficiencia del gasto público y la independencia institucional.
El contexto político sugiere que las propuestas de ajuste a la reforma judicial y las cifras sobre el financiamiento electoral seguirán generando reacciones entre los distintos poderes y actores políticos, en un año donde la discusión sobre el modelo de Estado continúa en el centro de la atención nacional.
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