Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso y señaló que es una decisión parcial y sesgada. El gobierno mexicano acusó que el documento se presentó con omisión y no consideró los esfuerzos institucionales ni la información actualizada que proporcionó el Estado.
El gobierno de México reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, criticó que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento, ni las reformas impulsadas en 2019 y 2025.
Por su parte, la decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026. Según el organismo, la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El Comité señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El procedimiento es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual. México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
El CED tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Sin embargo, el Comité señaló que en algunos casos recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El gobierno de México citó el propio informe para defenderse: “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
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