Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal que desestime la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La petición fiscal, contenida en un documento jurídico de más de 100 páginas, fue presentada ante la corte correspondiente en Nueva York como respuesta a los alegatos interpuestos por el equipo legal del exfuncionario en diciembre de 2025. En dicho escrito, la defensa sostuvo que el juicio original se basó predominantemente en testimonios no corroborados de criminales, argumento que ahora busca refutar la acusación estadounidense.
El fiscal especial Adam Amir y el fiscal en jefe Joseph Nocella son los encargados de llevar la representación del gobierno estadounidense en este proceso. La solicitud de la Fiscalía establece un plazo de 21 días hábiles para que el abogado defensor César de Castro presente una réplica a los argumentos expuestos en el voluminoso expediente.
La condena inicial contra García Luna, dictada tras un juicio que duró cinco semanas, incluyó además de la pena privativa de libertad, una multa económica cuyas cifras varían entre dos y cinco millones de dólares según las fuentes consultadas sobre el caso. El ex titular de seguridad mexicano permanece bajo custodia del sistema penitenciario federal mientras se resuelve este nuevo capítulo legal.
Con esta movida procesal, el Departamento de Justicia busca blindar la sentencia emitida hace año y medio, asegurando que las pruebas presentadas durante el juicio fueron suficientes y legales para determinar la culpabilidad del antiguo colaborador clave en la guerra contra el narcotráfico en México.
La resolución final sobre la admisión o rechazo de la apelación quedará en manos de los magistrados del tribunal federal de Nueva York, quienes analizarán los argumentos de ambas partes antes de emitir un fallo que podría confirmar la larga pena de cárcel o abrir la puerta a un nuevo juicio.
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