Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocida como ‘huachicol fiscal’, desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La magistrada Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró el derecho de defensa del imputado al negarse de forma reiterada a facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación.
El caso, registrado bajo la causa penal 325/2025, se originó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación que habría estado vinculada a la presunta red liderada por Farías Laguna. El exmilitar, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, había interpuesto un recurso ante la negativa de la FGR de transparentar el expediente, a pesar de un plazo de cinco días que la propia institución incumplió.
La defensa del acusado, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó que sin acceso a toda la evidencia era imposible preparar una estrategia de defensa adecuada. La jueza consideró fundada la petición y concedió una tutela de derechos, lo que derivó en la reapertura de la investigación complementaria para subsanar la omisión de la fiscalía.
Además de Manuel Roberto Farías, su hermano Fernando Farías Laguna, contraalmirante en activo, también está implicado en el caso, aunque se encuentra prófugo. La organización criminal señalada, ‘Los Primos’, operaría desde las estructuras de la ANAM, aprovechando la posición del exvicealmirante para desviar combustibles de manera ilegal.
El fallo judicial representa un revés para la FGR, que tendrá que entregar toda la información acumulada y ampliar las indagatorias en el plazo fijado de tres meses. El caso evidencia los desafíos en la procuración de justicia en delitos de corrupción y crimen organizado al interior de las instituciones públicas, donde el acceso a la información y la transparencia procesal son cruciales para garantizar un juicio justo.
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