Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis estructural en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, evidenciada por una impunidad del 89.45% en la resolución de delitos y un aumento alarmante en la violencia contra fuerzas de seguridad, con 82 policías asesinados únicamente entre enero y el 10 de marzo de 2026, según reportes de organizaciones civiles presentados en la capital del país.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, elaborado por México Evalúa con base en datos del INEGI, revela que aunque el 93.8% de las denuncias logran abrir una carpeta de investigación, solo el 6.28% de estos casos derivan en una acción penal concreta. Esto significa que de cada 10 delitos reportados, apenas uno logra una resolución efectiva, perpetuando un ciclo de desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
La gravedad del fenómeno varía según la región, con estados como Coahuila y Durango registrando tasas de no denuncia superiores al 90%. En Coahuila, el 90.7% de los delitos no se reportan a las autoridades, mientras que en Durango esta cifra asciende al 92.6%, lo que sugiere que las estadísticas oficiales podrían subestimar la magnitud real de la criminalidad en dichas zonas debido al miedo o la falta de credibilidad en el sistema.
Paralelamente a la parálisis judicial, la organización Causa en Común documentó un incremento letal en la agresión directa contra el estado de fuerza. El reporte indica que 82 elementos policiales perdieron la vida en los primeros 70 días de 2026, lo que promedia más de un asesinato diario por este motivo. Esta cifra refleja la alta vulnerabilidad de las corporaciones locales y estatales frente al crimen organizado, así como la insuficiencia de las estrategias de protección actuales.
La convergencia de estos factores —alta impunidad, baja denuncia y letalidad contra policías— configura un escenario de colapso funcional en la procuración de justicia. Los analistas advierten que sin mecanismos urgentes para fortalecer la investigación ministerial y garantizar la seguridad de los uniformados, la tendencia hacia la autodefensa o la normalización de la violencia podría acentuarse en el corto plazo.
Ante estos hallazgos, la sociedad civil exige al gobierno federal y a las procuradurías locales revisar los protocolos de actuación y asignar recursos específicos para reducir el rezago en las carpetas de investigación, así como para implementar esquemas de protección policial que disminuyan el número de ejecuciones entre los agentes encargados de la seguridad pública.
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