Por Redacción
Iguala, 22 de marzo de 2026.- Autoridades federales encargadas de las búsquedas realizaron una inspección el 21 de marzo de 2026 en la funeraria Ángel de Iguala, donde localizaron una bolsa de restos óseos humanos de 2014 y un horno crematorio clandestino, como parte de las investigaciones sobre irregularidades en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
En el lugar estuvieron presentes madres y padres de los normalistas, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos y funcionarios federales. La Unidad de Investigación de la Comisión para la Atención de Víctimas (Covaj) participó en las diligencias con la presencia de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Covaj, así como Claudia Galindo, secretaria técnica del organismo.
Mauricio Pazarán, titular de la Unidad de Investigación de la Comisión para la Atención de Víctimas (UEILCA), coordinó los trabajos de inspección. Las autoridades han iniciado indagatorias para determinar si existe relación directa entre los restos hallados en la funeraria y el caso Ayotzinapa, aunque hasta el momento no se ha confirmado dicho vínculo.
De manera paralela, se desarrolla otra línea de investigación relacionada con la presunta pérdida de videos del Poder Judicial de Guerrero. Blanca María del Rocío Estrada Ortega, identificada como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue detenida en conexión con este hecho, aunque no se especifican los cargos precisos por los que se le vincula con la pérdida del material probatorio.
Una tercera línea de investigación involucra la detención de Ubaldo Segura Pantoja, líder social vinculado a las protestas por el caso de los 43 normalistas. Las autoridades no han establecido una conexión directa con las otras dos líneas de investigación (funeraria y videos), lo que sugiere que podría tratarse de un hecho paralelo o relacionado de manera indirecta.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, ha seguido de cerca las investigaciones. Los hechos ocurren más de 11 años después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Las tres investigaciones se desarrollan simultáneamente mientras familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de verdad y justicia. Las autoridades federales continúan con las diligencias para esclarecer los hallazgos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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