Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México removió a tres funcionarios de sus cargos por presuntas omisiones y conductas de corrupción en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó las separaciones y aseguró que “ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”.
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció una tardanza “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución desde que se contó con la última ubicación de la víctima en su celular, dato proporcionado por la familia. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, declaró la funcionaria.
Según lo informado por las autoridades, los tres funcionarios removidos son: un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio; un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero para acelerar la búsqueda; y un segundo policía del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. Brugada enfatizó: “No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”.
Los parientes reportaron a Edith Guadalupe como desaparecida el 15 de abril, tras perder contacto cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público con la última ubicación compartida por la víctima y material de cámaras de seguridad obtenido mediante un investigador privado. Sin embargo, el personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, además de la supuesta petición de dinero.
Las autoridades llegaron al edificio de Avenida Revolución 829 hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron entrar de inmediato al no contar con la autorización de la administradora del complejo. El cuerpo fue encontrado finalmente en la madrugada del 17 de abril. Alcalde Luján calificó como “indignante” que la familia haya señalado con precisión el lugar desde un primer momento y no se haya actuado con la inmediatez requerida.
Respecto a la causa de muerte, existen discrepancias en los informes preliminares. Mientras que la fiscalía informó que la víctima fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, presentando heridas en el tórax provocadas por dicho objeto, otras valoraciones médicas iniciales indican que el cuerpo presentaba golpes muy fuertes como probable causa del deceso. La necropsia servirá para confirmar la hipótesis y determinar la hora más aproximada de la muerte.
Además de los elementos de la fiscalía, se investiga la posible obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes negaron que Edith hubiera entrado y se negaron inicialmente a dar acceso a las cámaras. Ambos ya se encuentran declarando sobre el feminicidio. La fiscal Alcalde advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y que se indagará cualquier tipo de retraso u obstaculización en los actos de investigación.
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