Torreón, 27 de marzo de 2026.- Un grupo de afectados por un presunto fraude inmobiliario se manifestó este jueves en las inmediaciones de la Delegación Regional I de la Fiscalía General del Estado (FGE) en La Laguna, donde realizaron un bloqueo parcial al tráfico para exigir celeridad en las investigaciones. Las víctimas, agrupadas inicialmente por 27 personas, acusan a la autoridad de negligencia y falta de atención, mientras la Fiscalía asegura contar con 12 órdenes de aprehensión giradas contra los implicados.
El delegado regional de la FGE, Carlos Rangel, informó que se han presentado aproximadamente 60 denuncias formales relacionadas con el caso, conocido extraoficialmente como el ‘Cártel Inmobiliario’. Según el funcionario, la estrategia de atención ha incluido más de 20 sesiones de trabajo con las víctimas y la mayoría de las carpetas de investigación ya se encuentran integradas y judicializadas. Rangel confirmó la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona, aunque reconoció que aún faltan por localizar a dos sujetos más.
En contraste con la versión oficial, los afectados denunciaron lo que califican como tortuguismo y nula actuación por parte de la fiscalía. Alfonso Serrano, uno de los perjudicados, señaló que el fiscal general Federico Fernández Montaño les negó atención directa, citándolos a las 9:00 horas para ser atendidos hasta las 19:00 horas, sin responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado previamente. Serrano enfatizó que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan de manera efectiva.
De acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso, el daño patrimonial reportado por las víctimas asciende a cerca de 19 millones de pesos. Entre los principales señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas aseguran que huyó a España, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la autoridad. Asimismo, se denuncia que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones, lo que genera desconfianza en el proceso legal.
La discrepancia entre las partes es notable: mientras el delegado Rangel afirma que solo dos casos no han sido judicializados, las víctimas sostienen que únicamente dos de las 60 denuncias han avanzado a esa etapa. La tensión aumentó durante la manifestación, donde los inconformes demandaron resultados tangibles y la ejecución inmediata de las órdenes de captura pendientes para recuperar su patrimonio.
La Fiscalía mantuvo su postura sobre la legalidad de los acuerdos reparatorios cuando son aceptados por la víctima, como ocurrió en al menos uno de los casos mencionados. Sin embargo, la presión social continúa en aumento en Torreón, donde los afectados exigen que se esclarezca el destino de los recursos y se garantice la prisión de los responsables del esquema fraudulento que operó en la región lagunera.
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