Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República atraviesa un momento de estancamiento debido a desacuerdos políticos, principalmente con el Partido del Trabajo (PT), respecto a la fecha de la revocación de mandato presidencial. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca modificar cuatro artículos constitucionales e incluye propuestas de austeridad como un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales y la reducción de regidurías y sindicaturas municipales.
Existen declaraciones contradictorias sobre el avance legislativo del dictamen. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que la dictaminación estaba programada para este martes 24 de marzo, otras fuentes parlamentarias indican que el proceso fue postergado hasta después de la Semana Santa. Este retraso se atribuye al rechazo del PT, que se opone a que la consulta de revocación de mandato se realice en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas, argumento que el partido considera beneficiaría electoralmente a Morena.
La incertidumbre sobre la viabilidad de la reforma también se refleja en las posturas de los legisladores de la coalición gobernante. Óscar Cantón Zetina aseguró que Morena cuenta con los votos necesarios en las comisiones para avanzar con la iniciativa. En contraste, el senador Ricardo Monreal señaló que la presidenta es consciente de que podría no alcanzar los votos requeridos en el Congreso, lo que sugiere dificultades internas para consolidar las mayorías calificadas necesarias para cambios constitucionales.
En medio del debate, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento desmintiendo versiones que atribuían al organismo la autoría de un documento relacionado con el Plan B. Por su parte, los partidos de oposición, Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), han solicitado formalmente retirar la iniciativa.
La falta de información oficial sobre la redacción final del dictamen, el número exacto de votos con los que cuenta la mayoría en las comisiones y el resultado concreto de las negociaciones con el PT mantienen la situación en un compás de espera. Asimismo, no se ha difundido un análisis técnico detallado sobre el impacto presupuestal de las medidas de austeridad propuestas, mientras la agenda legislativa queda supedita a la resolución de estas diferencias políticas.
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