Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, modificando el artículo 27 que antes prohibía expresamente este tipo de pena. La iniciativa del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas contó con 61 votos a favor, incluyendo 59 diputados oficialistas y aliados más dos de oposición, en medio de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que las acciones del gobierno son “irreversibles” y defendió la medida como necesaria para combatir la criminalidad. Sin embargo, no especificó si la reforma ya está en vigor o requiere otros trámites legislativos o administrativos adicionales.
La aprobación se produce en un contexto marcado por las acusaciones del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES), que vinculó las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño con crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción. Dicho régimen ha permitido la detención masiva de presuntos pandilleros sin garantías procesales completas.
El presidente Bukele ha justificado la reforma como parte de su estrategia de “mano dura” contra las pandillas, que según él ha reducido significativamente los índices de violencia en el país centroamericano. No obstante, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de que la cadena perpetua se aplique de manera arbitraria.
El debate sobre la reforma refleja la polarización en El Salvador entre quienes apoyan las medidas de seguridad del gobierno y quienes denuncian el deterioro del estado de derecho. La modificación constitucional representa un cambio histórico en el sistema penal salvadoreño, que tradicionalmente había limitado las penas máximas.
Queda pendiente conocer los detalles específicos sobre qué delitos serán susceptibles de recibir cadena perpetua y bajo qué condiciones, así como los mecanismos de revisión que podrían aplicarse a estas condenas. La reforma se enmarca en una tendencia regional de endurecimiento penal frente a la criminalidad organizada.
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