Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Existe una discrepancia significativa en el número de personas detenidas tras un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo en la comunidad de Dinamita, donde confluyen denuncias de represión y acusaciones de delitos graves. Mientras el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, junto con el obispo Raúl Vera López, estiman que fueron privadas de la libertad alrededor de 40 personas, la Fiscalía General de Durango ha confirmado oficialmente la detención de 28 individuos.
La confusión sobre las cifras se amplía con reportes de la Liga Sindical de la Confección en Nazareno, la cual menciona 27 detenciones que califica como arbitrarias. De acuerdo con Raúl Vera López, de este grupo total de detenidos, únicamente se tiene ubicación conocida de ocho personas, lo que ha generado alarma entre familiares que se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio para exigir su liberación e información sobre su paradero y estado de salud.
El origen del conflicto se remonta al despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 en oposición a un megaproyecto industrial y en solidaridad con los trabajadores despedidos. Las autoridades estatales, incluyendo la Policía Estatal, la Guardia Nacional y elementos de la Sedena, participaron en el operativo que disolvió la protesta.
Las versiones sobre la naturaleza de los hechos son contradictorias. El Frente Unido y Raúl Vera describen la protesta como pacífica y denuncian que las detenciones se realizaron sin una orden judicial que las respalde. Por el contrario, la Fiscalía de Durango, encabezada por Sonia Yadira de la Garza Fragoso, acusa a los detenidos de la comisión de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos, justificando así la acción legal.
Hasta el momento, no se ha divulgado una respuesta oficial detallada por parte del gobernador Esteban Villegas Villarreal o de la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, respecto a las acusaciones de represión desproporcionada. La falta de información sobre los nombres completos de los detenidos y la orden judicial que motivó las detenciones mantiene la incertidumbre sobre el estatus legal del resto de las personas reportadas como desaparecidas tras el operativo.
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