Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos desplegó este lunes agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales del país, como respuesta urgente a la parálisis operativa en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) derivada de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lleva cinco semanas. La decisión, anunciada por la Casa Blanca, busca mitigar el colapso en los controles de seguridad provocado por una tasa nacional de ausencias del 11.76% registrada el 22 de marzo y más de 400 renuncias recientes entre el personal de la TSA, quienes trabajan sin sueldo completo desde el 14 de febrero.
El impacto de la escasez de personal se ha traducido en tiempos de espera extraordinarios para los pasajeros. En el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta se reportaron demoras de casi tres horas, mientras que en el aeropuerto George Bush de Houston los viajeros esperaron dos horas y en el JFK de Nueva York los retrasos superaron la hora. Ante este escenario, la administración de Donald Trump activó el apoyo de agentes del ICE, bajo la supervisión del zar de la frontera Tom Homan, para asumir tareas auxiliares como el manejo de filas y la vigilancia, liberando a los empleados restantes de la TSA para concentrarse en funciones críticas.
Sin embargo, la medida ha generado inmediata controversia debido a las limitaciones operativas de los nuevos efectivos. Los agentes del ICE no cuentan con capacitación para realizar revisiones de equipaje, operar máquinas de rayos X o efectuar cacheos físicos, labores esenciales para la seguridad aérea. Reportes preliminares califican la intervención como una solución incompleta que, en su primer día de operaciones, no logró resolver el problema de fondo de las largas congestiones ni la falta de personal especializado en los puntos de inspección.
La reacción política fue dividida y tensa. El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, expresó su preocupación por la situación en uno de los nodos aéreos más críticos del país. Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, criticaron la decisión, calificándola de inaceptable y ajena a la misión original del ICE, además de señalar los riesgos potenciales de mezclar funciones de inmigración con seguridad de transporte. Incluso dentro del partido republicano, la senadora Lisa Murkowski manifestó reservas sobre la estrategia implementada.
La raíz del conflicto permanece en el estancamiento legislativo en el Senado, que ha rechazado por quinta vez desde febrero la propuesta de financiamiento para el DHS, manteniendo a miles de empleados federales en una situación de incertidumbre económica y operativa. Mientras el gobierno presenta el despliegue como una ayuda necesaria para aliviar la carga laboral, los críticos insisten en que la única vía para restablecer la normalidad en los aeropuertos es la resolución de la parálisis presupuestaria que mantiene al sistema al borde del colapso.
About The Author
