Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York argumentando que sus clientes, Nicolás Maduro y Cilia Flores, carecen de recursos personales para financiar su defensa legal. La solicitud se realiza en el contexto de las acusaciones por narcotráfico que enfrentan ambos funcionarios venezolanos en Estados Unidos, con una audiencia programada para el 26 de marzo de 2026.
En la documentación presentada, la defensa sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela cubra los honorarios de los abogados, lo cual consideran una interferencia directa con el derecho de los acusados a elegir su representación legal. Según el argumento jurídico expuesto, las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2015 y la no reconocimiento de Maduro como presidente legítimo por parte de Washington complican el acceso a fondos para el proceso judicial.
Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores han firmado una declaración jurada en la que aseguran no tener capacidad económica para costear a sus equipos de defensa. Asimismo, manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere para verificar su situación patrimonial. Hasta el momento, no se ha especificado el monto exacto requerido para la defensa ni los detalles concretos de las pruebas que podrían ser aportadas.
La estrategia legal de la defensa incluye también la búsqueda de que el caso sea desestimado por supuestas irregularidades en el proceso. La postura del Departamento de Justicia de EE.UU. respecto a la posibilidad de que el gobierno venezolano financie la defensa no ha sido explicitada en los documentos públicos disponibles, limitándose la información actual a los alegatos presentados por los representantes legales de Maduro y Flores.
Este movimiento ocurre mientras se mantiene la tensión diplomática entre ambos países y se aguarda la próxima comparecencia de los acusados ante el juez federal Alvin Hellerstein. La resolución sobre el financiamiento podría determinar el curso inmediato de la representación legal en un caso que ha centrado la atención en las implicaciones de las sanciones internacionales sobre el derecho a la defensa en cortes estadounidenses.
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