Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, generó una crisis política dentro de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación y se deslindó de la misma: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la acción de Rocha no fue consensuada con representantes del partido ni otras autoridades. Asimismo, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación.
Como resultado de las posturas emitidas, Rocha Moya solicitó licencia de nueva cuenta el 22 de agosto. En un escrito dirigido al Poder Legislativo, el gobernador indicó: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”. La Secretaría de Gobernación estableció que la reincorporación inicial había respondido a una decisión de carácter personal.
En paralelo, el senador Enrique Inzunza anunció que el próximo 30 de agosto dejará el encierro y ocupará físicamente su escaño, del cual se ha mantenido alejado por más de 100 días. El anuncio coincide con la plenaria que realizará la bancada de Morena para definir la agenda legislativa del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista, formado por Morena, PT y PVEM, indicaron que no han respaldado la medida y que Inzunza no cuenta con el apoyo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros funcionarios, por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa. Desde entonces, la Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas, aunque solo han sido citados a comparecer una ocasión en mayo. Inzunza ha conservado su fuero constitucional y sueldo íntegro, limitando su actividad a una participación remota en junio y dos apariciones públicas: una reunión con Javier Corral en Culiacán en mayo y su ingreso al Palacio de Gobierno el viernes pasado para reunirse con Rocha.
Sobre la situación política derivada de estos casos, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde del partido perjudique al instituto político. En declaraciones a Semanario ZETA este lunes 24 de agosto en Tijuana, señaló: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”.
Álvarez Cárdenas agregó respecto a la actuación de la mandataria federal: “Me parece que la presidenta las tomó (las consabidas medidas) a tiempo y en forma. Me parece que el acto relevante no es si el gobernador es o no culpable hoy, que hasta el día de hoy todavía no está claro, por lo menos realmente hablando, sino la manera en que la presidenta enfrentó el tema con el interés que tomó la decisión y el resultado final, que fue la separación por segunda ocasión”.
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