Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó este jueves una demanda legal contra la administración del presidente Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue filed ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y argumenta que la agencia federal actuó ilegalmente al eliminar protecciones ambientales establecidas.
El núcleo de la controversia reside en la decisión de la administración Trump, tomada en febrero de 2026, de anular una conclusión científica emitida en 2009 que determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Los demandantes sostienen que esta reversión se realizó en contra del consenso científico vigente y carece de fundamento legal válido, lo que motiva su intervención ante la justicia federal.
Se prevé que esta nueva demanda presentada por los gobiernos estatales y locales se una a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado la postura de la EPA. La convergencia de estas acciones busca consolidar la oposición legal frente a la política ambiental de la actual administración, que ha optado por desmantelar regulaciones clave en materia de cambio climático.
La coalición de demandantes abarca una amplia representación geográfica y política, aunque la investigación disponible no especifica la identidad individual de los 24 estados ni de las ciudades y condados participantes. Asimismo, no se han detallado los nombres específicos de las organizaciones ecologistas que podrían sumarse al litigio, más allá de su mención genérica como actores previos en la disputa.
Este desarrollo legal marca un nuevo frente de batalla entre los niveles de gobierno subnacionales y la presidencia federal en torno a la política climática. Mientras la administración Trump avanza con su agenda de desregulación, los estados y localidades buscan utilizar el sistema judicial para mantener los estándares de protección ambiental que consideran esenciales para la seguridad de sus ciudadanos.
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