Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, perteneciente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien también es cobanaro de Ohuira. Los manifestantes lograron detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual presenta un avance del 88 por ciento.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. Los opositores señalan que el proyecto, que pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco, ha causado ya daños irreversibles: se han rellenado 28 hectáreas de humedales, tumbado manglares y provocado la migración de parte de la fauna. El sitio afecta a la bahía de Ohuira, parte del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
Entre las preocupaciones ambientales destaca que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco, descargando luego el líquido a la bahía con una temperatura hasta tres grados superior a la original. Además, un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán.
El proyecto está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. En respuesta a la presión, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales y confirmó que la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva.
Durante el encuentro, Bárcena señaló a los presentes que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. Montaño Valenzuela fue enfático al describir las consecuencias del proyecto: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. Dirigiéndose a las autoridades, sentenció: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
Se estima que el funcionamiento de la planta afectaría directamente a más de 6,600 indígenas de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río. Los manifestantes mantienen su postura de que la instalación no debe operar bajo ninguna circunstancia.
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