Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados avanzan en la integración del dictamen del Plan B electoral, con calendario para discusión y votación en el Pleno el próximo miércoles 8 de abril.
El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, informó que desde el lunes 30 de marzo las áreas técnicas de las comisiones se reunieron para integrar a la minuta del Senado los elementos necesarios para presentar el proyecto de dictamen. Se esperaba que el 31 de marzo estuviera listo el proyecto para circularse a todos los integrantes de las comisiones.
“La propuesta de calendario que estamos elaborando al interior de las comisiones unidas es que este martes, seguramente por la tarde, estaremos en posibilidades de enviar el proyecto de dictamen a todas y los diputados integrantes de ambas comisiones y con ello cumplir los plazos que marca el proceso legislativo”, señaló Lobo Román.
El calendario propuesto establece que el próximo martes 7 de abril se realizará la reunión de las juntas directivas y posteriormente la tercera reunión extraordinaria de comisiones unidas. El miércoles 8 de abril se discutirá y votará el dictamen del Plan B en el Pleno de la Cámara de Diputados.
A pesar de que el título de la minuta remitida por el Senado incluye referencia al fortalecimiento de la revocación de mandato, se decidió no modificarlo para no devolver con cambios el documento a la Cámara de origen. Lo referente a la revocación de mandato en el Artículo 35 constitucional no fue aprobado por el Senado, por lo que no se puede incluir esta materia en el dictamen.
El senador de Morena Luis Fernando Salazar defendió los alcances de la reforma electoral y proyectó un escenario competitivo rumbo a las elecciones locales de 2026 y la contienda municipal de 2027 en Torreón. Salazar explicó que uno de los objetivos centrales del Plan B era modificar el artículo 35 constitucional para empatar la revocación de mandato con la elección federal de 2027, pero no se alcanzaron los votos necesarios.
“Buscábamos adelantar y empatar la revocación de mandato… pensábamos que era una buena idea empatarlo con el proceso electoral”, dijo Salazar. Sin embargo, sostuvo que sí hubo avances en materia presupuestal con el Plan B, alcanzando cosas importantes sobre todo en materia de austeridad, con reducciones en organismos electorales y límites al gasto legislativo.
“Nosotros pensamos que es un logro porque se alcanzan cosas importantes, sobre todo en materia de austeridad”, afirmó el legislador. “Estamos hablando… de alrededor de 4000 millones de pesos que se van a ahorrar”. Salazar rechazó que la reforma vulnere la autonomía de los estados.
Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una restructuración profunda de su funcionamiento, que incluirá ajustes internos, reducción de cargos burocráticos y reorganización operativa, así como disminuciones salariales en mandos medios y superiores.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, presentó la estrategia institucional que contempla reingeniería para hacer más eficientes los procesos de revisión del uso de fondos públicos. Como parte central del plan, se plantea la restructuración salarial mediante la homologación de sueldos y la disminución de mandos medios y superiores, además del fortalecimiento de los equipos técnicos y operativos.
“Lo que queremos es hacerla mucho más moderna, al servicio de ustedes y de lo que está esperando la ciudadanía”, subrayó Hernández Palacios. “No pedimos más recursos ni más burocracia, sino que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo para lograr mejores resultados”.
La ASF informó que la reorganización institucional también contempla la transición de auditorías especiales a auditorías especializadas, así como la creación de nuevas áreas estratégicas, entre ellas una unidad de atención ciudadana. Hernández Palacios subrayó que la transformación de la ASF no implica ampliar la estructura administrativa ni pedir más recursos.
En el Senado, la reducción paulatina de 15 por ciento en el presupuesto, establecida en la reforma electoral, entrará en vigor en 2027, pero desde 2026 puso en marcha un programa de austeridad y racionalidad. El presupuesto del Senado para 2026 es de 5 mil 100 millones de pesos.
El programa de austeridad del Senado incluye cerrar la contratación de plazas y reducir al máximo los gastos administrativos. Poco más de 3 mil millones anuales del presupuesto se destinan al pago de remuneraciones de los 128 senadores, funcionarios de nivel alto y medio y personal de base, de confianza y por honorarios.
Cerca de 2 mil millones de pesos del presupuesto son para apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara, que no se tocarán con el plan de austeridad. El plan plantea no abrir más plazas, aunque del año pasado a la fecha, su número total se incrementó de 2 mil 772 a 2 mil 876.
El mayor costo laboral en el Senado lo representan 128 asesores y secretarios técnicos contratados por honorarios, con una erogación anual de 777 millones 76 mil pesos. Le siguen en costo 637 trabajadores operativos de base, con 613 millones 565 mil 800 pesos, y 505 mandos medios y superiores, cuyas remuneraciones representan 607 millones 19 mil 900 pesos anuales.
Además de no contratar más plazas, el plan de austeridad del Senado propone reducir al mínimo indispensable los gastos de materiales y suministros, así como adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina. Se restringe al máximo el servicio de fotocopiado para ahorrar papel y se recortan las ediciones y coediciones de libros, publicaciones, revistas y demás material impreso.
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