Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista. La medida fue anunciada este jueves desde la Oficina del Presidente y dispone la incorporación inmediata del grupo criminal mexicano al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administrado por el Ministerio de Justicia argentino.
Según el comunicado oficial emitido por la presidencia argentina, la decisión se fundamenta en informes oficiales que acreditan la realización de actividades ilícitas de carácter transnacional por parte del CJNG, así como sus vínculos con otras organizaciones terroristas. La administración de Milei señaló que esta acción se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y el financiamiento de dichas actividades.
La resolución fue adoptada mediante un trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Al ingresar al RePET, el cártel queda sujeto a las sanciones financieras y restricciones operativas que habilita la legislación argentina para entidades designadas como terroristas, buscando proteger la integridad del sistema financiero del país austral.
Esta designación ocurre en un contexto de presión internacional sobre el grupo criminal, cuyo líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue abatido en febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El CJNG, que surgió en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa, había sido previamente designado como ‘organización terrorista extranjera’ por Estados Unidos en febrero de 2025.
Con esta movida, Argentina se suma a la estrategia global de aislamiento del CJNG, reforzando la cooperación con naciones que ya han catalogado al grupo como una amenaza a la seguridad mundial. La inclusión en la lista negra permite a las autoridades argentinas congelar activos y bloquear transacciones relacionadas con la organización, cerrando posibles vías de lavado de dinero en su territorio.
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