Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, misma que fue avalada previamente por el Senado. La modificación al artículo 127 de la Constitución fija que las jubilaciones no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, monto que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
El dictamen fue remitido a los congresos de los estados para su discusión y validación, paso necesario para que la enmienda entre en vigor. La iniciativa cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha promovido la medida como un mecanismo para corregir privilegios y desigualdades en el sistema de retiro de altos funcionarios.
Durante el proceso legislativo se registraron posturas divergentes. Mientras legisladores oficialistas defendieron la reforma como una cuestión de justicia social, representantes del PRI y grupos de jubilados expresaron inconformidad. Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció el voto a favor de su bancada pese a señalar omisiones en la propuesta y advertir sobre riesgos jurídicos relacionados con la temporalidad de la norma.
La controversia se centró en la posibilidad de que la medida se aplique a pensiones ya otorgadas. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, junto con otros jubilados, manifestó su rechazo ante el temor de una afectación retroactiva a sus derechos adquiridos. Estas preocupaciones derivaron en protestas frente a los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México y en el Congreso de Baja California.
De acuerdo con los datos de votación disponibles, la Cámara de Diputados registró 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en lo general. Por su parte, el Senado había aprobado la reforma con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. La reforma excluye explícitamente a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones constituidas mediante aportaciones voluntarias o sindicales en sistemas complementarios.
Con el aval de ambas cámaras del Congreso de la Unión, el proceso ahora depende de la aprobación de las legislaturas locales. El debate continúa entre la postura del gobierno federal, que busca ordenar el gasto en pensiones, y los sectores afectados que demandan claridad sobre la no retroactividad de la ley para proteger sus haberes de retiro.
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