Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Vivienda con 356 votos a favor y 99 en contra en lo general, y 354 a favor frente a 95 en lo particular, modificando el marco jurídico para permitir que Infonavit y Fovissste constituyan filiales destinadas a la compra de terrenos, construcción y remodelación de inmuebles para venta o renta.
La modificación legislativa, impulsada por el partido Morena y sus aliados, cambia el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” y transforma el rol de las instituciones de vivienda, que pasan de ser facilitadoras de crédito a actuar como intermediarias directas en el mercado inmobiliario.
Como parte de los efectos de esta aprobación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos destinada a programas de vivienda social en la entidad, con respaldo federal. Con estos recursos, la meta de construcción en el estado se elevó de 33,800 a 65,000 viviendas; actualmente se reportan 9,694 unidades en construcción y 18,126 en planeación.
Durante el debate, legisladores del PAN y el PRI objetaron la reforma argumentando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó su oposición al nuevo modelo que convierte a las instituciones en intermediarias, aunque el contenido completo de su declaración no fue detallado en los registros disponibles.
La sesión también incluyó la participación de la diputada Evelyn Sánchez, cuya afiliación partidista no fue especificada en los datos de la votación. Paralelamente a los debates legislativos, surgieron reportes sobre gestiones de dicha legisladora relacionadas con un hospital en la zona de Santa Fe, tema que genera acusaciones de oportunismo por parte de residentes locales, aunque estos hechos se mantienen desconectados del proceso de aprobación de la ley habitacional.
Con la promulgación de estas reformas, el gobierno federal busca acelerar la producción de inmuebles mediante la participación directa de los organismos de vivienda, mientras la oposición mantiene su postura crítica respecto al uso de los recursos de los afiliados para financiar la infraestructura constructiva.
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