Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un límite a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva. La medida, impulsada por el Ejecutivo federal, fue validada durante la sesión del 25 de marzo en medio de protestas de jubilados en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con lo aprobado, el tope máximo para estas percepciones será equivalente a la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. El decreto incorpora lenguaje inclusivo y excluye explícitamente de este límite a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
La votación presentó discrepancias en los reportes preliminares: mientras una fuente indicó una aprobación unánime con 458 votos a favor, otros registros detallaron 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Pese a las inconformidades expresadas durante el debate, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió votar a favor de la iniciativa. Rubén Moreira, coordinador de dicha fuerza política, señaló que aunque están en contra de las pensiones doradas, consideraron que la estrategia de Morena no era la más eficaz para eliminarlas, advirtiendo sobre riesgos de retroactividad y omisiones en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala criticó duramente la aprobación, sosteniendo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. La legisladora argumentó que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales de la modificación. La iniciativa avanzó entre advertencias de la oposición sobre los efectos jurídicos de aplicar el nuevo techo salarial a pensiones ya decretadas.
El ambiente en el exterior del recinto parlamentario fue tenso, con reportes de intentos de ingreso por la fuerza al Palacio Legislativo por parte de jubilados de empresas públicas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes se manifestaron en contra de la medida. La reforma ahora continúa su proceso legislativo para su eventual promulgación y entrada en vigor, marcando un cambio sustancial en el régimen de responsabilidades y compensaciones para servidores públicos de confianza en México.
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