Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La coordinación de Morena en el Senado anunció que la votación del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral está programada para realizarse el próximo miércoles 25 de marzo, antes del inicio de la Semana Santa, aunque sin una confirmación oficial definitiva en la agenda legislativa. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca modificar la estructura de los cabildos municipales y establecer mecanismos de revocación de mandato, generando divisiones entre los partidos aliados y fuertes críticas de la oposición.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Alta, aseguró que existe la intención de aprobar la reforma constitucional en el pleno la próxima semana. Medios como La Jornada y SDP Noticias reportan que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen su apoyo general a la iniciativa, aunque han expresado reservas internas sobre aspectos específicos, particularmente en lo concerniente a la procedencia de la revocación de mandato.
La oposición ha catalogado la propuesta de manera contundente. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, definió la reforma como el ‘Plan Maduro’, calificativo retomado en columnas de opinión que la describen como un intento de golpe de Estado y una ley autoritaria. Por su parte, el diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que la medida generará un aumento en el gasto público en lugar de un ahorro, al obligar a aproximadamente 1,100 municipios a ampliar el tamaño de sus cabildos.
De acuerdo con las cifras manejadas en el debate, la reforma implicaría la creación de 221 regidurías adicionales solo en el estado de Yucatán, donde el 74% de los municipios tendrían que aumentar su número de integrantes. En contraste, solamente 56 municipios en todo el país verían reducida su representación. Estos datos alimentan la controversia sobre el impacto financiero y la supuesta búsqueda de fortalecimiento de la participación ciudadana que argumenta el gobierno federal.
En el ámbito jurídico, analistas y columnistas como los de López-Dóriga Digital han señalado que la inclusión de la revocación de mandato en el ‘Plan B’ podría ser improcedente, dado que la Constitución exige la ‘pérdida de confianza’ como requisito, condición que argumentan no se ha dado actualmente contra la presidenta Sheinbaum. La falta de claridad sobre los plazos para las leyes secundarias y los detalles específicos sobre la reducción de privilegios en órganos electorales mantiene la incertidumbre sobre el texto final que será sometido a votación.
La sesión del miércoles 25 de marzo se perfila como un punto de tensión legislativa, donde la mayoría de Morena y sus aliados buscarán consolidar la reforma constitucional frente a un bloque opositor que advierte sobre consecuencias en el federalismo y el erario público. La aprobación dependerá de la capacidad de negociación interna para subsanar las reservas del PVEM y el PT antes de llevar el dictamen al pleno.
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