Por Monserrat Californias
El expresidente Donald Trump firmó una orden presidencial activando a 2 000 miembros de la Guardia Nacional de California, federalizados para supervisar los disturbios en Los Ángeles provocados por redadas de ICE.
Las manifestaciones comenzaron tras arrestos masivos en negocios y hogares, lo que desató fuertes enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y tuits incendiarios por parte de Trump, quien lo calificó todo como una amenaza interna. El despliegue fue inédito: nunca antes un presidente había federalizado la Guardia Nacional californiana sin aprobación del gobernador .
El Gobierno federal justificó la medida argumentando que era necesaria para resguardar la integridad de los agentes del ICE, que habían sido atacados en medio de las redadas. Sin embargo, autoridades locales, incluido el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass, condenaron la acción como “inflamatoria”, inútil y con el riesgo de exacerbar la tensión en una ciudad bajo control local.
Expertos constitucionales advirtieron que el despliegue es autoritario y podría sentar un peligroso precedente en el uso de fuerzas federales contra protestas domésticas. Senator Bernie Sanders calificó el hecho como un paso hacia el autoritarismo y la ACLU anunció acciones legales. La crítica se extendió a la posibilidad de que marines en activo sean desplegados si la situación escalara, lo cual generó alarma y un debate nacional sobre los límites del poder Ejecutivo .
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con los mexicanos que residen en EU, calificándolos como “personas de bien” y rechazando que sean tratados como criminales ante las redadas.
Sheinbaum también urgió al gobierno estadounidense a actuar con respeto a los derechos humanos de los migrantes, muchas veces implicados en protestas tras ser afectados por las detenciones y recordó, además, que los migrantes mexicanos son valiosos trabajadores y pilares tanto de México como de EU.
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