Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras al vender armas de fuego al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa. La imputación, dada a conocer esta semana tras ser presentada por un gran jurado federal en Phoenix, marca un precedente legal al aplicar cargos de terrorismo a traficantes de armas que abastecen a grupos criminales mexicanos.
Según los documentos judiciales, Gray, propietario de la armería “Grips by Larry” ubicada en Arizona a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, intentó suministrar armamento al CJNG en mayo de 2025 y conspiró para proveer weapons tanto a ese grupo como al Cártel de Sinaloa durante ese mismo periodo. La acusación señala que ambos ciudadanos estadounidenses vendieron las armas a sabiendas de que serían traficadas ilegalmente hacia México para fortalecer los arsenales de dichas organizaciones.
Los cargos adicionales de apoyo material al terrorismo contra Gray fueron posibles tras la designación del CJNG y del Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025. Previamente, en 2025, la Fiscalía Federal por el Distrito Sur de Arizona ya había acusado a Gray y a Weinberger por delitos de contrabando de armas de fuego y complicidad en compras realizadas por testaferros, pero la nueva acusación sustitutiva eleva la gravedad del caso al vincularlo directamente con estatutos antiterroristas.
La investigación detalla que el esquema involucraba la venta de armamento de alto poder, incluyendo pistolas Colt 1911, fusiles semiautomáticos Barrett M52A1 y ametralladoras ligeras modelo FNH M249, originalmente fabricadas para tropas militares. De ser hallado culpable de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada, Gray enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares, además de otros cargos por tráfico de armas que conllevan sentencias adicionales.
Este caso se distingue de demandas civiles anteriores interpuestas por el gobierno mexicano contra tiendas de armas en Arizona, ya que representa la primera acusación criminal de este tipo anunciada por el Departamento de Justicia. Mientras Gray compareció ante un tribunal federal para la lectura de cargos, su coacusado Weinberger también enfrenta procesos legales relacionados con el mismo esquema de tráfico documentado entre febrero y mayo de 2025.
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