marzo 28, 2026
Alumnas de secundaria en Tijuana hostigaban compañeras para prostituirlas

Alumnas de secundaria en Tijuana hostigaban compañeras para prostituirlas

Tijuana, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició una investigación por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada al interior de la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Altamira de este municipio. La carpeta de investigación 0204-2026-2349 fue abierta tras una denuncia presentada por una madre de familia, quien alertó sobre hechos difundidos inicialmente en redes sociales.

De acuerdo con los datos recabados en la etapa inicial del procedimiento, las autoridades identificaron a dos alumnas de entre 13 y 14 años como presuntas responsables de actos de hostigamiento sexual. En la misma dinámica investigativa se ubican dos presuntas víctimas, siendo una de ellas menor de 13 años. El caso ha sido turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género para su análisis y profundización.

La fiscal Hortencia Noriega, titular de la entidad especializada, supervisa las diligencias orientadas a esclarecer la participación de los involucrados. Aunque la investigación se centra actualmente en el entorno escolar y las alumnas señaladas, las autoridades no han descartado la posible participación de mayores de edad en la presunta red, extremo que será determinado conforme se integren más elementos probatorios.

Los hechos denunciados ocurrieron en las instalaciones educativas situadas sobre la Avenida Buenos Aires. La activación del protocolo de investigación respondió directamente a la difusión de material en plataformas digitales, lo que motivó la intervención inmediata de la ciudadanía a través de la denuncia formal ante el ministerio público.

Hasta el momento, la FGE mantiene bajo resguardo la identidad de las menores involucradas, tanto de las presuntas víctimas como de las señaladas como hostigadoras, en apego a la legislación de protección a la infancia y adolescencia. Las autoridades continúan con la integración de datos para definir la mecánica operativa de los hechos y la existencia de vínculos con terceros fuera del ámbito estudiantil.

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